No habrá indemnización para los padres de las niñas fallecidas

Familiares de Lisnavy Valdés Rodríguez, la niña cubana que habría fallecido en la caída de balcón en edificio de La Habana Vieja, denunciaron que habían recibido de parte de las autoridades cubanas indemnización de 350 pesos por el acontecimiento ocurrido.

Sin embargo, Diario de Cuba ha publicado nuevamente sobre el tema, y dejan saber que, han consultado con fuentes expertas y afirman que según el ordenamiento jurídico cubano, no contempla dicha salida.

En la actualidad, el proceso de indemnización por daños y perjuicios contra órganos del Estado únicamente se activa por demanda utilizando tres vías.

1) Mediante procesos civiles asociados a relaciones de vecindad; es decir, a conflictos que se generen entre estructuras físicas colindantes, en el supuesto de que una de las propiedades pertenezca al Estado o a cualquier otra denominación (persona jurídica), y la otra, a una persona natural (persona física). El tribunal competente para resolver dichos conflictos es la Sección de lo Civil de cada Tribunal Municipal Popular.

2) Mediante la instrucción 245 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (TSP), que otorga derecho a personas afectadas por un acto de confiscación de bienes que busquen justicia y defensa ante los tribunales competentes. Se trata de afectados que pueden demandar a directivos, funcionarios y empleados del Estado, quienes, con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos, son presuntos responsables de daños y perjuicios. Son competentes para conocer de estas demandas las Salas de los Civil y Administrativo de cada Tribunal Provincial Popular, y es requisito previo que se agote la reclamación en el ámbito administrativo.

3) Mediante la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, la cual, en su Artículo 658, estipula que será la jurisdicción administrativa la que se ocupará “de la responsabilidad patrimonial de la Administración”.

Diario de Cuba para confirmar la información, consultó con expertos en el tema, así lo confirman en su publicación y dejan saber que solo por la última vía expuesta, sería por la que se pudiera establecer una demanda de reparación por el daño material y moral que ha ocasionado el deceso de las tres niñas, así como también la indemnización de perjuicios, actuando contra el patrimonio de la entidad responsable de la omisión de preservar el edificio accidentado, antes y durante el proyecto de demolición.

Basándose en el Artículo 658, los padres tendrían el derecho de establecer una demanda a la entidad responsable del lamentable suceso y buscando que esta pague con su propio patrimonio el monto considerado según afectación.

Y teniendo en cuenta lo dicho por fuentes consultas por el Diario de Cuba – la admisión del proceso se desestimaría, debido a que, al tratarse de delitos de homicidio por imprudencia, el asunto deberá ser resuelto, en su conjunto, a través de la jurisdicción penal-.

Entonces quedaría la vía penal —en la que se debería identificar y juzgar a las personas de la entidad responsables del delito, en un único proceso—, y sería esta brecha el camino posible para dar soluciones a todas las cuestiones jurídicas relacionadas con el caso.

Por otra parte, teniendo en cuenta las opiniones vertidas por expertos que habrían sido consultados por Diario de Cuba, además de que para el sistema legal cubano “la vida de un inocente no tiene jamás valor económico ni forma satisfactoria de reparación, Cuba no posee en estas cuestiones un procedimiento de tasación, ni experiencia judicial alguna que fije una guía para su declaración, habida cuenta de que los padres no dependían económicamente de sus hijas, sino al revés”.

En materia de indemnización “los padres no recibirán ningún valor, sino solo la reparación del daño en el orden moral, dimensión en la que el ordenamiento jurídico cubano únicamente podría exigir de los responsables individuales e institucionales alguna acción de reparación, y la entrega de los gastos relativos al funeral y trámites relacionados”.

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